Derechos Humanos:

Herramienta de defensa de los pobres

 

Bufete popular Boris Vega, CEBs, y Frater

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada por la Revolución Francesa en 1789 afirma que «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos». Una mujer, Olympia de Gouges, incidió ante las autoridades masculinas para que la Declaración tomara también en cuenta a las mujeres y las reconociera como ciudadanas. Siendo rechazada, Olympia reeditó la Declaración en femenino y en 1791 publicó Los derechos de la Mujer y la Ciudadana. Fue guillotinada en 1793. Los derechos humanos declarados en 1789 nacieron con sexo, discriminando a las mujeres sólo por el hecho de ser mujeres.

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad contempló el genocidio que era capaz de infligir, el concierto de naciones proclamó la Declaración Universal de los DDHH, en 1948, reconociendo por primera vez la igualdad de derechos de hombres y mujeres y el principio universal de no discriminación por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

La gran paradoja es que son precisamente esas razones las causas de las mayores violaciones de derechos humanos. Pierdo mis derechos cuando cruzo la frontera europea siendo migrante africano; por mi sexo de mujer sufro crueles violencias físicas, psicológicas, sexuales; por ser persona con discapacidad pierdo mi derecho a la accesibilidad con lo que se me limitan todos mis demás derechos; por no ser heterosexual se limita mi igualdad de oportunidades; si soy indígena, mi ciudadanía es de segunda o tercera categoría; si soy pobre mis derechos se consideran como favores o concesiones de los poderosos, y así un largo etcétera.

Entonces se proclaman DDHH específicos para sectores sociales más discriminados, ejemplo: Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (1979); Convención sobre los derechos del niño (1989); Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994); Declaración Universal de los derechos sexuales (1997); Convención sobre derechos de los migrantes (2003); Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006); Convención sobre derechos de los pueblos indígenas (2007).

Pero una cosa es la declaración formal de esos derechos y otra que cambie la cultura patriarcal, la economía capitalista clasista, el individualismo y xenofobia neoliberal, la homofobia religiosa y las teologías conexas legitimadoras, que en esta etapa de globalización lo que han mundializado es el sistema «democrático y de derecho» discriminatorio y excluyente que se impone en la práctica.

Existe una gran distancia entre las leyes, el Estado y el pueblo. Esa lejanía y el desconocimiento que de las leyes y las instituciones tiene la gente, además de generarle indefensión, es la matriz donde se enquista la corrupción y la impunidad, es uno de los meollos de las violaciones de los derechos humanos. Esa lejanía también fomenta mitos inmovilistas. Por ejemplo: miedo a los juzgados, como si el sistema judicial fuera enemigo del pueblo y no su servidor; baja autoestima ciudadana ante los funcionarios públicos que nos humillan, como si tuviéramos que pedirles favores en lugar de exigirles derechos; que si no tengo dinero no puedo reclamar mis derechos, cuando los obstáculos para el acceso a la justicia tienen más que ver con la cultura jurídica y la autoestima ciudadana que con el dinero. Esa lejanía permite que las leyes defensoras de nuestros derechos queden en papel mojado. No basta proclamar el derecho al trabajo de una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, sino que para hacerlo efectivo se tiene que garantizar accesibilidad a los centros de trabajo, servicios higiénicos adaptados, mobiliario y transporte adaptados, etc.

¿Cómo transformar esta realidad? Se trata de esa revolución desde abajo que debemos protagonizar las personas, grupos, colectivos, sectores sociales, secularmente violentados; armados cívicamente de una militante organización, de una madura conciencia crítica, de autocrítica permanente, de ética y de valores; con los recursos imprescindibles materiales y tecnológicos, para asumir acciones masivas en defensa de nuestros DDHH, en una dimensión glocal.

Las luchas exitosas que en los últimos 25 años nos han dado como fruto la restitución de derechos dan algunas claves para actuar:

- Masiva alfabetización jurídica para identificar cuáles son nuestros DDHH relacionados con nuestra vida y felicidad cotidiana; apropiarnos de las leyes específicas que regulan la vida diaria; apropiarnos del modo para reclamar sobre las violaciones; apropiarnos de lo que significa la institucionalidad democrática y el estado de derecho desde los intereses populares.

- Masivo ejercicio de incidencia política para desarrollar iniciativas legislativas populares; analizar presupuestos públicos e incidir en su elaboración; incorporar el enfoque de género y generacional en los presupuestos públicos; implementar políticas públicas inclusivas y no discriminatorias.

- Perder el miedo a reclamar por la vía legal. Denunciar y reclamar con autoestima ciudadana, con perseverancia, organizadamente, con conciencia de lucha cívica inclaudicable, como cultura popular.

- Tomar masivamente la plena conciencia de que los políticos y los funcionarios públicos son nuestros servidores y les pagamos con nuestros impuestos y que podemos y debemos denunciar su servicio deficiente o la corrupción en su caso.

- Organizarnos para demandar con las armas de la ley nuestros derechos específicos, con luchas concretas. Entre las más exitosas que han combinado las anteriores tomas de conciencia y herramientas ejemplificamos: erradicación de la usura entre particulares; limitación de la usura en el microcrédito; titulación de asentamientos humanos espontáneos; generación de una cultura popular de inscripción en el registro civil como «el primer derecho para tener derechos»; generación de una cultura de reclamo de consumidores; promoción de una cultura de las mujeres para demandar pensión de alimentos para sus hijos a sus irresponsables padres y de denuncia de la violencia de género que sufren; reclamo judicial sistemático por las violaciones de los derechos laborales y sindicales en las zonas francas y demás sectores de actividad; eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas para el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad y políticas públicas de inclusión para las mismas, y muchas más.

- Luchar para que las leyes limiten el lucro del capital y cambiar las leyes económicas, empujando en la dirección de la economía social. Ejercer masivamente un consumo consciente y responsable.

- Aliarse con servicios jurídicos del y para el pueblo y ejercer contraloría social beligerante de las defensorías públicas e instancias de acceso a la justicia.

- Sistemático y popular análisis de la coyuntura económica, política, social, patriarcal, religiosa, de diversidad sexual, de migraciones, de poblaciones indígenas, de las personas con discapacidad, sobre la trata de personas; a nivel local, nacional e internacional, desde una perspectiva de género y generacional.

- Desterrar masivamente de la mente y de la conciencia la idea de que a los y las pobres el gobierno de turno o el funcionario que atiende «nos hace favores» o «nos da algo», para apropiarnos de que son nuestros derechos los que se respetan cuando accedemos a bienes y servicios para vivir con dignidad.

Ir forjando así una nueva institucionalidad democrática, económica y política, verdaderamente participativa, en la que las leyes y presupuestos públicos, las instituciones, las policías y los ejércitos sostengan un verdadero estado de DDHH que garantice: la libertad de las personas y su libre movilidad por encima de la libertad de los capitales y de su circulación especulativa; la igual responsabilidad de hombres y mujeres en las tareas domésticas y de cuidado que toda la sociedad necesita; la vida de las mujeres sobre la impunidad de sus agresores; el comercio entre iguales por encima de los oligopolios multinacionales; el trato igual para quien es heterosexual, homosexual, bisexual o cualquier otra diversidad sexual de la multifacética creación; la igualdad de oportunidades sin privilegios de los de siempre; la vida de los ecosistemas sobre los intereses de multinacionales depredadoras; en definitiva, un sólido y alternativo estado de derecho para los DDHH.

Los DDHH son una potente herramienta de lucha social si tomamos conciencia y luchamos para su respeto generalizado y su masivo ejercicio, sin discriminaciones, construyendo esa nueva institucionalidad democrática que es una revolución pendiente pero ya en camino. En Nicaragua avanzamos, como en otros pueblos, al cobijo de nuestras enraizadas consignas:

Sólo el pueblo, salva al pueblo.

No pedimos favores, exigimos derechos.

Bufete popular Boris Vega, CEBs, y Frater

Masaya, Nicaragua