Democracia auténtica: economía ética

No hay «demo-cracia» si gobierna el mercado

Adela Cortina

El fracaso de la economía vigente es palmario. Persisten el hambre, la pobreza y la exclusión, aunque hay medios más que suficientes para erradicarlas. Pero también es evidente la insatisfacción que produce el actual funcionamiento de las democracias, porque ni están al servicio de todas las personas ni los ciudadanos se sienten protagonistas de la vida política.

Es urgente crear otra economía, una economía ética, y dar cuerpo a democracias que respondan con los hechos al nombre que llevan. Para hacerlo no hay que huir de este mundo, sino exigirle que la economía cumpla las tareas por las que dice legitimarse, y que las democracias se conviertan en auténticas democracias. Eso se consigue intentando detectar lúcida y cordialmente las tendencias que es preciso reforzar, sugiriendo desde ellas caminos nuevos, y eliminando las tendencias dañinas.

Es urgente plasmar una economía ética, a la altura de las personas y de la sostenibilidad de la naturaleza. Pero no habrá economía ética sin democracia auténtica. Estos serían algunos de los rasgos que deberían caracterizarlas.

1. Una democracia auténtica

La democracia es la mejor forma de gobierno que hemos descubierto. Según la caracterización más conocida, es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Lo cual exige, al menos, tres cosas: 1) Que esté al servicio de todos los que componen el pueblo sin exclusiones. 2) Todos los que forman parte de la comunidad política tienen que ser reconocidos como ciudadanos. 3) Los ciudadanos, que son los destinatarios de las leyes, tienen que ser también de alguna manera sus autores.

Por eso es importante que la democracia representativa se complemente y se convierta en deliberativa: la ciudadanía ha de ser ciudadanía activa, que elige representantes, les pide cuentas y participa activamente en la vida política. La ciudadanía activa es un motor de transformación social.

2. ¿Qué es un ciudadano?

Un ciudadano es aquella persona que en una comunidad política es su propia señora, no es sierva y mucho menos esclava. Ha de conquistar su libertad, pero sabe que debe hacerlo trabajando solidariamente con los demás ciudadanos, que son sus iguales en tanto que conciudadanos y en tanto que personas. Por eso los valores esenciales de la ciudadanía activa son la libertad, la igualdad, la solidaridad o la fraternidad y la interdependencia. Esto exige, al menos, crear instituciones que hagan posible encarnar dos dimensiones de la ciudadanía: la social y la económica.

3. Ciudadanía social

Es «ciudadano social» aquella persona que ve respetados sus derechos de primera y segunda generación: libertad de conciencia, expresión, asociación, reunión, desplazamiento y participación; pero también sus derechos económicos, sociales y culturales, como son, entre otros, el derecho al trabajo, a la asistencia sanitaria, a la educación o a la cultura.

La ciudadanía social recoge los derechos de la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948, una declaración que compromete a todas las naciones que han firmado los pactos a esforzarse para que se vean protegidos en todos los países de la Tierra.

Pero es imposible proteger estos derechos, en el nivel local y global, si quien gobierna no son los ciudadanos a través de sus representantes y de la deliberación pública, sino un mercado financiero, opaco y omnipotente, insensible a los derechos y necesidades de las personas.

Para realizar la democracia auténtica es necesaria otra economía, en que los ciudadanos intervengan. Es necesario hacer posible una ciudadanía económica.

4. Ciudadanía económica

En algún tiempo se decía que las tres grandes preguntas de la economía son: ¿qué se produce, para qué se produce y quién decide lo que se produce? Y ya entonces era una flagrante contradicción afirmar que las personas son iguales en tanto que ciudadanas, pero radicalmente desiguales a la hora de tomar decisiones económicas. Si los afectados por las decisiones económicas nunca son tenidos en cuenta, hay una contradicción entre la ciudadanía política, por la que todos son supuestamente iguales, y la ciudadanía económica, inexistente. Siempre deciden otros qué se produce y para qué, los afectados no son consultados, con lo cual, en ningún lugar de la tierra hay ciudadanos económicos. Parecía que crear las instituciones que hicieran posible la ciudadanía económica era una de las tareas inminentes para el siglo XXI. Sin embargo, este proyecto se complicó todavía más con la financiarización de la economía. Pasamos de una economía productiva a una economía financiera. En ella lo que importa no es quién decide lo que se produce, sino quién decide dónde se invierte para ganar más, aun sin producir bienes y servicios.

Ciudadanos y países pasan a depender de los mercados financieros y de las agencias de rating, y toda posibilidad de ciudadanía económica activa se corta de raíz. Es necesaria otra economía, que tenga por centro a las personas.

5. La meta de la economía: la persona en el centro

La economía no es un mecanismo fatal. Es una actividad humana y, por lo tanto, debe orientarse por unas metas que le dan sentido y legitimidad social. No sólo la política necesita legitimación social, también la necesita la economía.

La meta de una economía legítima consiste en «crear riqueza material e inmaterial para satisfacer las necesidades de las personas y para reforzar sus capacidades básicas de modo que puedan llevar adelante aquellos planes de vida feliz que elijan». La persona tiene que ser el centro y la economía debe colaborar en la tarea de crear buenas sociedades.

6. Los valores de una economía ética

Aunque suele decirse que la economía es una ciencia ajena a los valores morales, que sólo debe preocuparse por la producción eficiente de riqueza, sin atender a su distribución ni tampoco a cómo esa producción afecta a la libertad, la solidaridad y la igualdad de los seres humanos, eso es falso.

Cualquier opción económica potencia unos valores y debilita otros. Una economía legítima tendería a erradicar la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, satisfacer las necesidades básicas, potenciar las capacidades básicas de las personas, reforzar la autoestima, promover la libertad.

7. Los Principios de una Economía Inclusiva

Las personas deben ser el centro de la economía y de la política. Pero las personas no somos individuos aislados, sino seres en relación de reconocimiento mutuo: llegamos a reconocernos como personas porque otras nos han reconocido como personas. La base de la vida social no es el individuo, sino las personas vinculadas entre sí por el reconocimiento recíproco.

Por eso es falso el Principio del Individualismo Posesivo, que dio comienzo al capitalismo y sigue vigente. Según ese principio, «cada individuo es dueño de sus capacidades y del producto de sus capacidades, sin deber por ello nada a la sociedad». Por el contra-rio, toda persona es lo que es por su relación con otras, está ligada a las otras personas y, por lo tanto, obligada a ellas.

Lo que tiene se debe en muy buena parte a la sociedad, y más en un mundo globalizado. De donde se sigue que los bienes de la tierra son sociales. Y, por lo tanto, tienen que ser globalmente distribuidos.

Los principios éticos de la economía ética serían el Reconocimiento de la Igual Dignidad de las Personas, la Apuesta por los más Vulnerables y la Responsabilidad por la Naturaleza, que no permiten exclusión alguna de la vida económica.

8. Consumo justo y felicitante

La desigualdad en las formas de consumo es aterradora entre los países y dentro de ellos. Mientras algunas personas no pueden satisfacer sus necesidades, otras consumen los bienes más sofisticados para satisfacer caprichos y por eso para ellas nunca hay bastante. Una forma de vida humana reclama apostar por un consumo liberador, que no esclavice; por un consumo justo, que tenga en cuenta las necesidades de todos, y por un consumo felicitante, que tenga en cuenta que lo más valioso para conseguir la felicidad es disfrutar de las relaciones humanas.

Se hace necesario sellar un Pacto Global sobre el Consumo y potenciar la «ciudadanía del consumidor».

9. Gobernanza global. Ciudadanía cosmopolita

Construir un mundo en el que todas las personas se sientan ciudadanas es el reto político, económico y cultural del siglo XXI. Para ello se hace necesaria una gobernanza global, que haga llegar los beneficios de la globalización a todas las personas. Es ésta una exigencia de justicia.

10. Bienes de justicia y bienes de gratuidad

Pero los bienes de la tierra no son sólo «bienes de justicia», necesidades cuya satisfacción puede reclamarse como un derecho al que corresponde por parte de otros un deber. Quien se sabe cordialmente ligado a otras personas, se sabe también obligado a ellas, le resulta imposible llevar adelante una vida feliz si no es contando con ellas. Hay una creativa economía del don que va más allá del intercambio de equivalentes y abre camino a la gratuidad, que brota de la abundancia del corazón. Sin ella no habrá una economía ética.

Adela Cortina

Valencia, España